En Perú ya se regula los servicios de telefonía (Osiptel), energía (Osinergmin), agua y servicios de saneamiento (Sunass), infraestructura aeroportuaria, carreteras y puertos (Ositran). ¿Por qué no se puede regular el "mercado" de la salud? Otros países ya regulan el precio de los medicamentos y otros recursos estratégicos en salud. 

¿Hasta cuándo un pueblo puede seguir tolerando que Presidentes, Ministros y Congresistas -década tras década- nos digan que no se puede regular las tarifas de las clínicas y los precios de los medicamentos porque la Constitución Política no lo permite? Evidencia de políticas de regulación con buenos resultados existen en varios países y desde hace tiempo, lo que no existe en nuestro país es voluntad política.

Mientras tanto, grandes redes de clínicas privadas, cadenas de boticas y proveedores privados podrán seguir jugando con la vida, la salud y el bolsillo de la gente, cobrando a los pacientes por cosas que no hacen o cosas que no les dan realmente o cosas que les dan con sobreprecio, incluso al propio Estado.

Lo mismo pasa cuando se habla de unificar los más de 5 subsistemas de salud públicos en un sistema único de salud, universal y público: todos sabemos lo ineficiente que es mantener un sistema de salud fragmentado y segmentado, pero, nuevamente, nos darán otra razón para no hacerlo. Lo mismo pasa cuando se habla de cambiar el actual modelo de atención por uno que vire hacia la atención primaria en salud. Lo mismo pasa cuando se habla de...pongámosle todo lo que sabemos que debe cambiar y no cambia.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas también se ha pronunciado al respecto: "La CONFIEP y sus 22 gremios asociados de la pequeña, mediana y gran empresa, rechazan la especulación y acaparamiento de medicamentos y productos de primera necesidad por parte de personas y/o empresas inescrupulosas que atentan contra el derecho a la salud y a la vida de todos los ciudadanos. Asimismo, consideramos que promover una política pública de control de precios bajo el pretexto de sancionar este tipo de malas prácticas, además de ser inconstitucional fomentaría la informalidad y el mercado negro de los fármacos, perjudicando a las personas de escasos recursos y a la población que requiere con urgencia medicamentos para salvar sus vidas". https://www.confiep.org.pe/noticias/comunicado-de-la-confiep/

El Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual hizo lo propio: "El INDECOPI es una entidad administrativa que no tiene facultades legales para regular los precios en el mercado, debido a que en el país no existe el control de precios ni tarifas de ningún producto o servicio, salvo de los servicios públicos que están regulados como telefonía (Osiptel), energía (Osinergmin), agua y servicios de saneamiento (Sunass), infraestructura aeroportuaria, carreteras y puertos (Ositran). Sin embargo, el Indecopi ha solicitado a los principales proveedores de alimentos, servicios de transporte, mercados y supermercados y gremios en general que implementen políticas que aseguren el abastecimiento suficiente en el caso de productos, limites en venta de productos de primera necesidad, así como flexibilidades para reprogramar los servicios de transporte sin penalidades". https://www.indecopi.gob.pe/en/-/el-indecopi-no-tiene-facultades-para-controlar-o-regular-los-precios-de-los-productos-o-servicios-pero-si-para-que-se-respeten-precios-informados-y-sa

Recientemente la Superintendencia de Salud se ha pronunciado sobre las denuncias en el precio excesivo que clínicas y laboratorios cobran a los pacientes por pruebas moleculares para diagnóstico de COVID-19, cuando el procesamiento de las muestras las hacen gratuitamente en el Instituto Nacional de Salud: "En el marco de la protección y defensa de los derechos en salud de la población, la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) enfatiza que el procesamiento y análisis de pruebas moleculares para detectar la enfermedad COVID-19, a cargo del Instituto Nacional de Salud (INS) es un servicio totalmente gratuito, público e indispensable en el contexto de la Emergencia Sanitaria Nacional por Coronavirus. SUSALUD, en base a información solicitada al INS identifico a los establecimientos de salud privados que solicitaron las casi 20 mil muestras biológicas remitidas a dicha entidad con el propósito de verificar las facturaciones correspondientes y la existencia de presuntos cobros indebidos por la ejecución de pruebas moleculares, que, de comprobarse, dará lugar a los procedimientos sancionadores correspondientes. Al respecto, aun cuando en nuestro país, existe un marco constitucional que establece que la iniciativa privada es libre y que se garantiza la libertad de empresa, comercio e industria, y por lo tanto no se puede realizar control de precios, también se espera que el ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública, más aún en tiempos de una muy grave crisis sanitaria mundial en la que los ciudadanos esperan un comportamiento ético y responsable de las entidades a cargo de sus servicios esenciales". http://portal.susalud.gob.pe/blog/susalud-enfatiza-que-el-procesamiento-de-las-pruebas-moleculares-realizadas-por-el-ins-para-diagnosticar-covid-19-es-un-servicio-publico-gratuito/?fbclid=IwAR0lWVIVsx44crPDkgxaQB7sIFsUh35Kczhk14eNqogMOJcR5kY9pB4TiRw

Una voz disonante ha sido la de la Defensoría del Pueblo: "En el contexto de la emergencia sanitaria a nivel mundial, estas prácticas abusivas en el mercado no solo se han registrado en el Perú. Por eso, en países como España se han impulsado medidas para atajarlas, mediante la fijación de un precio tope a la venta de mascarillas quirúrgicas, en Chile, con el establecimiento de precios máximos para insumos médicos o en Colombia, con la creación de una lista de 26 artículos de primera necesidad, cuyos precios serán controlados a fin de garantizar su abastecimiento en todo el país. Tales ejemplos evidencian la necesidad de que el gobierno peruano tome igualmente medidas similares para hacer frente a la especulación de precios en este escenario...Es importante recordar que, según la legislación nacional, la especulación, esto es, el acto de poner en venta bienes por encima del precio regular, es un delito sancionado en el Código Penal con una pena de cárcel no mayor de tres años. Al día de hoy, debido a la forma en la que este está redactado, el tipo penal resulta inaplicable, pues exige que una “autoridad competente” fije o controle los precios oficiales de productos de primera necesidad, y ello, no existe, a la actualidad". https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-autoridades-deben-intervenir-en-el-mercado-de-insumos-medicos-para-salvar-vidas/

Lo cierto es que incluso con la actual Constitución Política, que privilegia el mercado, tiene mecanismos para que el Estado proteja los derechos fundamentales de las personas: "El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas" (Constitución Política, artículo 59). Además, la Ley General de Salud también lo señala: "En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes" (Ley 26842, artículo 82). De no hacerlo, el Gobierno estaría abdicando en sus funciones de Estado.

Pero, si aún así no creen que hay marco constitucional o jurídico para regular el "mercado" de la salud, entonces esperaremos las elecciones generales y veremos quien plantea un cambio constitucional, o al menos quien dice que sí puede hacerlo. Necesitamos un nuevo Estado y un nuevo contrato social: ¿Alguien lo duda?