¿Es correcta la elaboración de políticas de salud sin la participación la sociedad civil? 

El 3 de junio de 2019 se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, con el objeto de elaborar el documento que contenga el diseño y formulación de la política nacional multisectorial de salud, mediante la Resolución Ministerial No 487-2019/MINSA, que crea. Sin embargo, este grupo se conformó sólo por miembros representantes de los Ministerios y ningún representante de la sociedad civil (organizaciones sociales, colegios profesionales, universidades, etc.) ni de los trabajadores del sector salud.

A pesar que en la última sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud (donde los representantes de la sociedad civil no pudimos asistir ya que nos convocó con menos de 24 horas de anticipación, luego de una primera reprogramación de último momento), del pasado 11 de julio, se tomó el acuerdo de "Respaldar la iniciativa de la formulación de la Política Nacional Multisectorial de Salud, la mencionada política será elaborada con carácter participativo en la que intervendrán los consejos regionales de salud y los comités nacionales respectivos para los aportes correspondientes", y la Ministra de Salud anunció que se formulará la Política Nacional Multisectorial de Salud con la participación del Consejo Nacional de Salud, Gobiernos Regionales y Locales, Organizaciones Sociales y la Academia, y se realizarán reuniones técnicas, consultas con expertos y grupos de interés, asistencia técnica de agencias de cooperación y talleres de sistematización, hasta ahora se ha tenido información al respecto. Peor aún, el pasado 15 de julio no se llegó a realizar la reunión convocada por el MINSA para anunciar el inicio del proceso de construcción de la Política Nacional Multisectorial de Salud, ésta se tuvo que suspender, y tampoco se convocó la reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud correspondiente al mes de julio, por motivos que desconocemos.

No es correcto pretender elaborar una política nacional de salud, sin considerar la participación de la sociedad civil, incluso -y más aún- desde su formulación, sobre todo cuando la participación ciudadana tiene un marco jurídico nacional que la promueve: el artículo 2, inciso 17 de la Constitución, establece que toda persona tiene derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación; el artículo 8 de la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, establece que el Estado debe promover y establecer los mecanismos para lograr una adecuada democracia participativa de los ciudadanos, a través de mecanismos directos e indirectos de participación; y la Primera Política de Estado del Acuerdo Nacional (Fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho), señala lo siguiente: “…Declaramos que la democracia representativa es la base de la organización del Estado de derecho, que se refuerza y profundiza con la participación ciudadana permanente, ética y responsable, en el marco de la constitucionalidad”. Asimismo, la Carta Iberoamericana de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, adoptada por la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, señala lo siguiente: "La participación ciudadana en el proceso de formación de las políticas públicas tiene que preverse tanto en su fase de formulación como en las de planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y control, mediante mecanismos apropiados, y, en congruencia con ello, los Estados iberoamericanos deberán garantizar la participación ciudadana en la gestión pública en todos los ámbitos sectoriales y niveles territoriales".

Aún es tiempo de corregir el camino de la elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Salud, y, para ello, la participación de la sociedad civil es más que necesaria, para contribuir a lograr una política pública de mejor calidad, una confianza acrecentada en las instituciones públicas y una democracia más fuerte.

No obstante la buena voluntad para la formulación de esta política, hay cuestiones que aún no son claras: ¿Qué problemas pretende solucionar esta política? ¿Es necesaria y oportuna la aprobación de esta política? ¿Cuáles son los objetivos de esta política? ¿Cuáles son las posibles soluciones que planteará la política? 

Esperamos tener pronto las respuestas.